La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente valida el reparto de 176.5 millones para proyectos de economía circular y gestión de residuos

El órgano de coordinación interterritorial ha validado los acuerdos aprobados previamente en Consejo de Ministros para el ejercicio 2022, que incluyen también fondos destinados a conservación de la biodiversidad.

El MITECO y las comunidades autónomas han dado luz verde al Plan Nacional de Control de la Legalidad de la Madera Comercializada y la Estrategia de Conservación de Aves ligadas a medios Agroesteparios.

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha ratificado este lunes el reparto territorial de un total de 471 millones de euros destinados a actuaciones en materia de economía circular y gestión de residuos, a intervenciones para la recuperación ambiental de enclaves mineros degradados, para el plan de adaptación y protección frente al riesgo de inundación, y para protección y conservación de la biodiversidad.

En su reunión telemática, el órgano de coordinación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico (MITECO) y las comunidades autónomas ha validado así los acuerdos aprobados previamente en Consejo de Ministros, que canalizan fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para el ejercicio presupuestario 2022 en el ámbito de la transición ecológica.

Del total de fondos distribuidos, la partida más cuantiosa, 176.500 millones – 175 del PRTR y 1,5 millones de presupuestos ordinario del MITECO- se destinarán a ayudar a los territorios a implementar la normativa de residuos, la mejora en la gestión de los residuos municipales y el plan de impulso del medio ambiente-PIMA economía circular. Serán objeto de financiación la implantación de nuevas recogidas separadas -en especial de biorresiduos-, construcción de instalaciones específicas para su tratamiento, así como plantas de reutilización y reciclado de otros flujos, entre otras líneas actuación.

Las ayudas tienen como objeto impulsar mejoras en la gestión de residuos y garantizar que España cumpla con los objetivos comunitarios en materia de residuos municipales, de envases y residuos de envases, fundamentalmente.

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